DJI está realizando esfuerzos proactivos para interactuar con el gobierno de Estados Unidos ante el temor de una posible prohibición de sus drones. La empresa china de drones ha solicitado formalmente una evaluación de sus modelos de drones más populares, como el Air 3S, Mini 4 Pro y el Matrice 350, a las cinco principales agencias de seguridad nacional de EE. UU. Esta solicitud surge a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2025, que obliga a llevar a cabo tales evaluaciones. Si no se realiza esta revisión antes del 31 de diciembre de 2025, DJI podría ser añadida automáticamente a la Lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que prohibiría efectivamente la venta de sus drones en el país.
En una carta escrita por Adam Welsh, responsable de política global de DJI, la empresa manifiesta su confianza en la seguridad de sus productos, indicando que evaluaciones independientes han reafirmado en repetidas ocasiones su seguridad. Welsh destaca la necesidad de una revisión rápida para disipar la incertidumbre que rodea a DJI y tranquilizar a sus usuarios, reiterando que quienes han construido sus negocios con productos de DJI merecen una evaluación justa y puntual.
La preocupación de DJI ante la falta de evaluación del gobierno
Welsh expone una preocupación significativa: si el gobierno de EE. UU. no realiza la evaluación necesaria, DJI se enfrentaría a una prohibición sin pruebas que respalden los supuestos riesgos de seguridad. Según la NDAA, agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa deben determinar si los drones de DJI representan un «riesgo inaceptable». Esta postura proactiva de DJI busca obligar al gobierno estadounidense a actuar y asegurar un debido proceso frente a la posibilidad de restricciones regulatorias.
Las repercusiones de una prohibición general serían enormes, ya que interrumpirían las operaciones de innumerables negocios, cineastas, agricultores y agencias de seguridad pública que dependen de los drones de DJI para realizar sus actividades. Tal prohibición podría significar que no habría nuevos drones de DJI disponibles para la venta, los dispositivos existentes podrían perder soporte de software y los usuarios tendrían que afrontar costosas transiciones a productos alternativos.
La urgencia por una evaluación se acentúa por el impacto económico que representa la presencia de DJI en el mercado estadounidense, estimado en más de 116.000 millones de dólares en actividad económica, apoyando a más de 450.000 empleos. Mientras DJI continúa presionando por una revisión de seguridad formal, la responsabilidad recae ahora en las agencias de seguridad nacional de EE. UU. para responder, Decidiendo si la empresa podrá seguir operando en uno de sus mercados más cruciales.
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