Los fiscales federales han desvelado una compleja operación de drones utilizada para contrabando de drogas y otros artículos ilegales en prisiones del estado de Georgia. Esta operación, que tuvo lugar durante un periodo de cinco años a partir de 2019, involucró a aproximadamente veintitrés individuos y pone de manifiesto las crecientes dificultades que enfrentan las instituciones penitenciarias para hacer frente a la entrega de contrabando mediante drones.
Según informa The New York Times, las autoridades han presentado cargos contra 23 personas a través de dos acusaciones diferentes por su presunta participación en esta red de contrabando. La operación implicó tanto a reclusos actuales como a excarcelados, quienes emplearon drones para arrojar drogas, teléfonos móviles y otros artículos prohibidos en los terrenos de las prisiones. El esfuerzo de contrabando fue notablemente organizado, con reclusos utilizando dispositivos móviles de contrabando para coordinarse con cómplices en el exterior y así prever el momento preciso de las entregas aéreas.
En un mensaje de texto enviado por un recluso en enero de 2023 se leía: “Solo necesito saber cuándo vas a despegar y cuándo se tira el paquete, estaremos en el patio cuando caiga, nos oirás cuando lo tengamos”. Los fiscales revelaron que los contrabandistas utilizaron imágenes de Google Maps para localizar con precisión las zonas de entrega, que frecuentemente se situaban en el centro del patio de la prisión.
Esta operación de contrabando aéreo afectó a varias prisiones de Georgia, incluyendo la Prisión Estatal de Smith en Glennville y la Prisión Estatal de Telfair en McRae-Helena. Durante la investigación, denominada “Operación Noche de Caída”, las autoridades confiscaron diez drones y 21 armas de fuego.
Jill E. Steinberg, Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Georgia, subrayó que tales operaciones ponen en riesgo la seguridad de los internos y el personal, así como también a la comunidad circundante. De los individuos acusados, 22 enfrentan cargos relacionados con la conspiración para poseer con intención de distribuir marihuana y metanfetamina, lo que conlleva penas potenciales de entre 10 años y cadena perpetua. El individuo restante se enfrenta a cargos por posesión de metanfetamina con intención de distribución, junto con un cargo por posesión de armas de fuego vinculado al tráfico de drogas.
Este caso pone de relieve la naturaleza dual de la tecnología de drones y los persistentes desafíos que las instituciones penitenciarias encuentran al intentar contrarrestar estas operaciones ilícitas. Para abordar el posible mal uso de los drones, es fundamental que las instituciones correccionales y las agencias de law enforcement desarrollen estrategias efectivas contra drones. Estas medidas podrían incluir la instalación de sistemas de detección de drones, capacitación del personal sobre las amenazas relacionadas con estos dispositivos y colaboración con los fabricantes de drones para establecer geovallas alrededor de ubicaciones sensibles.
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