La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha informado sobre la creciente popularidad de los programas “drones como primeros intervinientes” (DFR, por sus siglas en inglés) entre las agencias de aplicación de la ley en todo Estados Unidos. Estas iniciativas implican desplegar drones equipados con cámaras a ubicaciones de llamadas al 911 antes de que lleguen los agentes, con la intención de proporcionar “conciencia situacional”.
Desde la creación del primer programa DFR por parte del Departamento de Policía de Chula Vista en 2018, numerosos departamentos de policía han adoptado iniciativas similares. Según el Atlas de Vigilancia de EFF, aproximadamente 1.500 departamentos de policía han establecido programas de drones, con un número creciente implementando el modelo DFR.
Los defensores de los programas DFR argumentan que mejoran la seguridad y preparación de los agentes, sin embargo, los críticos expresan graves preocupaciones sobre las implicaciones de privacidad. La EFF ha advertido que estos programas pueden resultar en una vigilancia excesiva en vecindarios con altos volúmenes de llamadas al 911, potencialmente recopilando datos sobre personas no relacionadas con el incidente inicial.
Equipados con diversas tecnologías de vigilancia como imágenes térmicas, lectores de matrículas y software de reconocimiento facial, los drones policiales han provocado preocupaciones sobre posibles desviaciones de misión. Existe aprensión de que herramientas inicialmente destinadas a responder a delitos violentos puedan ser utilizadas para infracciones menores o para monitorear a poblaciones sin hogar.
La transparencia en la adquisición y uso de drones es enfatizada por la EFF. Una reciente investigación de Wired sobre el programa de Chula Vista reveló que aproximadamente una de cada diez operaciones de drones carecía de un propósito definido, exponiendo a cerca de 5.000 residentes de la ciudad a una mayor vigilancia durante cada vuelo promedio.
Si bien algunos estados exigen órdenes judiciales para la vigilancia con drones en áreas privadas, solo Alaska, California, Hawái y Vermont tienen precedentes legales que protegen los derechos constitucionales de los residentes contra la vigilancia aérea sin orden judicial. La EFF aboga por políticas claras sobre el despliegue de drones, la recolección de grabaciones, la retención y la difusión de las mismas.
La adopción generalizada de programas DFR por parte de agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos representa un cambio notable en las tácticas policiales. A medida que la tecnología de drones continúa avanzando, es imprescindible que los legisladores, entidades de aplicación de la ley y el público en general participen en un diálogo abierto sobre el uso apropiado de estas herramientas. Encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de privacidad individuales será crucial para navegar en esta nueva era de policiamiento aéreo.
