El gobernador de California, Gavin Newsom, ha vetado la Asamblea Bill 2681, que pretendía prohibir que las fuerzas de seguridad utilizaran drones y robots armados. Esta decisión permite a la policía mantener sus prácticas actuales, que incluyen el despliegue de dispositivos operados de forma remota equipados con armamento. Este proyecto de ley, presentado por la asambleísta Akilah Weber, buscaba prohibir la fabricación, modificación, venta, transferencia o uso de armas robóticas, sin excepciones para la aplicación de la ley.
Weber no ha escondido su frustración ante el veto, afirmando que se sintió ‘sorprendida’ por una oposición inesperada, especialmente después de que la ley lograse el respaldo bipartidista en la legislatura. Su intención es proponer una legislación similar el próximo año.
En su declaración de veto, Newsom reconoció la necesidad de “restricciones sensatas” en el uso de drones. Sin embargo, argumentó que las fuerzas del orden deben conservar el acceso a robots armados en situaciones específicas. Subrayó que estos dispositivos podrían ser cruciales para manejar casos de sospechosos armados y atrincherados, permitiendo a la policía desplegar opciones menos letales para convencer a los sospechosos de rendirse o proteger a los agentes de posibles peligros.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de California ha criticado con dureza el veto. El abogado legislativo George Parampathu declaró que la policía está destinada a servir y proteger a la comunidad, y no a entablar guerra contra ella. Acusó al gobernador de estar más alineado con los grupos de interés policial y los beneficios de los fabricantes de armas, en detrimento de la seguridad pública y los derechos civiles.
Este veto reafirma el debate en curso sobre el papel de la tecnología de drones en las fuerzas de seguridad. Los partidarios arguyen que los drones y robots armados podrían ofrecer opciones tácticas necesarias en situaciones críticas, mientras que los opositores plantean preocupaciones sobre el posible mal uso y la escalada de la fuerza.
Mirando hacia el futuro, es previsible que la discusión sobre el uso de drones en la policía evolucione, especialmente dado que Weber planea reintroducir una legislación similar. Será esencial seguir de cerca los desarrollos legislativos en California y evaluar cómo podrían responder otros estados a las regulaciones federales que gobiernan el uso de drones. El diálogo público desempeñará un papel fundamental en la configuración de políticas que busquen equilibrar la seguridad, los derechos civiles y el progreso tecnológico en este ámbito.
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