El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha iniciado una investigación bajo la Sección 232 sobre la importación de drones y componentes relacionados, una medida que podría cambiar por completo el mercado americano y restringir las operaciones de fabricantes clave como DJI y Autel Robotics. DJI, que domina más del 70% del mercado comercial de drones en Estados Unidos, se encuentra en el ojo del huracán, ya que esta investigación busca evaluar si la dependencia de tecnología extranjera —con especial atención a China— supone un riesgo para la seguridad nacional. La investigación comenzó discretamente el 1 de julio, pero se hizo pública el 15 junto a un aviso en el Registro Federal que abrió un periodo de 21 días para recibir comentarios públicos.
El objetivo principal de esta indagación es analizar si la dependencia estadounidense de drones chinos crea vulnerabilidades en las cadenas de suministro, dificulta el crecimiento de la producción nacional y expone datos sensibles a gobiernos extranjeros. Amparado por la Ley de Expansión Comercial de 1962, el Departamento de Comercio puede imponer aranceles, cuotas u otras restricciones si concluye que los drones importados afectan la seguridad del país. Este mecanismo ya se ha aplicado con sectores como el acero, el aluminio, los semiconductores y los productos farmacéuticos, y ahora apunta al sector de los drones con DJI en el centro del análisis.
Investigación sobre DJI y la seguridad nacional
La investigación examina varios factores críticos: la concentración de la cadena de suministro en países considerados adversarios, la capacidad de fabricación doméstica y el impacto de precios agresivos y subsidios que podrían perjudicar a los fabricantes estadounidenses. DJI, con su dominancia histórica, y Autel Robotics, también muy presente en sectores de seguridad pública e infraestructuras, han sido cuestionados por legisladores estadounidenses por riesgos asociados a la privacidad, posibles vínculos con el gobierno chino y el uso de precios subvencionados para mantener su posición dominante. En diciembre de 2024, una ley firmada por el presidente Joe Biden abrió la puerta a posibles prohibiciones futuras para modelos nuevos de estas compañías, una maniobra que esta investigación podría materializar.
DJI ha respondido a la investigación mostrando su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, resaltando que sus prácticas de seguridad ya han sido validadas por auditorías independientes y agencias gubernamentales. Sin embargo, este proceso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para recuperar la soberanía en el espacio aéreo y potenciar la fabricación nacional de drones.
Implicaciones y estrategia estadounidense para contrarrestar a DJI
Detrás de esta investigación está un plan mucho más ambicioso, que incluye la Orden Ejecutiva 14305 para restaurar la soberanía aérea estadounidense, con vigilancia reforzada de drones no autorizados, y la Orden Ejecutiva 14307 orientada a potenciar la industria nacional de drones. Además, se destinan más de 20.000 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros) a sistemas autónomos a través de la «One Big Beautiful Bill Act» (H.R. 1), y el Departamento de Defensa impulsa el uso de drones fabricados en Estados Unidos de la categoría Grupo 1 y 2.
La Asociación para Sistemas de Vehículos No Tripulados (AUVSI) apoya públicamente esta investigación, destacando el peligro que supone la dependencia en drones producidos por adversarios que, gracias a subsidios estatales, venden por debajo del precio de mercado. Para operadores públicos y empresas que dependen de DJI y Autel, la posible aplicación de aranceles o restricciones podría forzar un cambio en sus flotas, o la espera a que crezca la industria nacional para satisfacer la demanda. Para los fabricantes estadounidenses es una oportunidad, pero deben superar rápidamente los retos de producción y certificación.
Esta investigación puede tener también un impacto internacional, afectando a operadores que importan drones vía canales estadounidenses. En definitiva, con esta medida Estados Unidos da un paso decisivo para unir la seguridad nacional con la estrategia económica y tecnológica. El futuro del mercado de drones y el dominio de DJI están en una fase crítica, y todo parece indicar que el panorama operativo para fabricantes y usuarios en territorio estadounidense está a punto de cambiar radicalmente.