Un nuevo proyecto de ley que se está considerando en el Senado de Florida, designado como Proyecto de Ley del Senado 1422, podría tener un impacto significativo en las operaciones de drones dentro del estado. Este texto legislativo permitiría a los individuos emplear «fuerza razonable» para derribar drones que consideren como invasores de la privacidad, siempre que operen por debajo de los 500 pies. Esta propuesta refleja una tendencia creciente entre los legisladores estatales que buscan imponer restricciones a los drones, en medio de una creciente preocupación pública por la violación de la privacidad, a pesar de que la autoridad sobre la navegación aérea recae exclusivamente en la Federal Aviation Administration (FAA).
Drones y la regulación de espacio aéreo
El Proyecto de Ley 1422 en Florida es similar a una ley recientemente planteada en Connecticut, que pretende prohibir vuelos de drones sobre infraestructuras críticas. Este tipo de regulaciones incluyen una amplia gama de instalaciones, como plantas de energía, refinerías y otros sitios estratégicos. De manera interesante, la propuesta de Connecticut también se dirige a regular el espacio aéreo sobre propiedades federales, que ya cuentan con legislación protectora, como aeropuertos y bases militares, además de los numerosos puertos espaciales en Florida.
Sin embargo, la iniciativa en Florida introduce una disposición polémica que permite a las personas emplear «fuerza razonable» para deshabilitar drones. La falta de una definición clara para este término genera preocupaciones, ya que puede dar pie a interpretaciones ambiguas que lleven a individuos a adoptar medidas potencialmente peligrosas, como el uso de armas de fuego, ante las amenazas percibidas de estos dispositivos voladores. Un senador expresó su inquietud en la comisión, alertando sobre la incorrecta percepción de que derribar drones podría ser un comportamiento aceptable.
La legislación federal prohíbe derribar drones y establece penas de hasta 20 años de prisión en caso de violaciones. Dado que las regulaciones federales suelen prevalecer sobre las estatales, la ambigüedad presente en el proyecto de ley de Florida podría desencadenar conflictos legales si las personas actúan conforme a sus interpretaciones erróneas. En su forma actual, la norma podría poner a la mayoría de los vuelos de drones bajo riesgo de ser derribados, ya que las regulaciones actuales de la FAA permiten la operación de drones solo hasta 400 pies sobre el nivel del suelo (AGL).
La FAA tiene la supremacía sobre el espacio aéreo nacional, pero la legislación futura podría modificar este panorama. Esto podría otorgar a los gobiernos locales autoridad sobre los primeros 200 pies de espacio aéreo, lo que resultaría en un mosaico de regulaciones y restricciones locales sobre drones que podrían variar significativamente de una jurisdicción a otra. Esta situación plantea un arduo reto para los operadores de drones y pone de relieve la necesidad de un marco normativo claro y coherente.
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