Los legisladores de Georgia están avanzando en una serie de regulaciones sobre drones, un esfuerzo bipartidista que pone de relieve las consideraciones de seguridad nacional y la protección del público. Estas medidas propuestas impondrán restricciones a las operaciones de drones y limitarán las fuentes de adquisición para las agencias estatales. La Cámara de Representantes ha aprobado el Proyecto de Ley 205, que exige que la Agencia de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia establezca una lista de drones aprobados para su uso por parte de gobiernos estatales y locales. Estos drones deberán cumplir con las normativas establecidas por la FAA y el Departamento de Defensa de EE. UU., con un plazo de tres años para su conformidad.
Seguridad Nacional y Drones en Georgia
David Clark, el representante estatal y autor principal del proyecto de ley, ha afirmado que la seguridad nacional no tiene precio. Ha expresado inquietudes sobre la seguridad de los datos relacionados con los principales fabricantes de drones, que tienen vínculos con el gobierno chino. Complementando esta legislación, el Proyecto de Ley del Senado 64 se centra en drones que pesen menos de 55 libras y que sean fabricados o ensamblados en China o Rusia. Según Ed Setzler, senador estatal y líder del Comité de Ciencia y Tecnología, la importancia de los vehículos aéreos no tripulados crece en la economía nacional, y es fundamental limitar la influencia de naciones adversarias.
Las repercusiones económicas de estas normativas podrían ser considerables. Brody Baer, presidente del comité de drones de la Asociación Geoespacial de Georgia, ha destacado que las alternativas fabricadas en EE. UU. suelen tener precios significativamente más altos que sus competidores chinos, que dominan actualmente el sector comercial. Estas iniciativas legislativas se producen en un contexto donde se están planeando expansiones de servicios de entrega mediante drones en Atlanta. Wing, una empresa de entregas que colabora con Walmart y DoorDash, ha presentado recientemente sus drones de entrega de 11 libras a los legisladores estatales, promoviendo su servicio como una alternativa más eficiente a los métodos de entrega tradicionales.
Junto a las iniciativas mencionadas, se han propuesto otras medidas, como la Ley de la Cámara 58, que prohibiría los vuelos de drones dentro de un radio de 400 pies de eventos grandes con entradas pagadas y la Ley de la Cámara 156, que asignaría al Departamento de Transporte la supervisión de los «vertipuertos», instalaciones especializadas para el despegue y aterrizaje de drones. Este impulso legislativo se produce tras un aumento de las preocupaciones sobre las actividades de drones en Nueva Jersey, a pesar de las recientes aclaraciones de la Casa Blanca que confirmaron que estos vuelos estaban autorizados por la FAA y pertenecían a operaciones comerciales, de investigación y recreativas legítimas.
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