Las incursiones de drones en prisiones de Inglaterra y Gales han experimentado un aumento sorprendente, con cifras que alcanzan los 1,296 incidentes durante los primeros diez meses de 2024. Este dato revela un incremento de diez veces en comparación con 2020, según los datos obtenidos mediante una solicitud de información pública. El auge de estas operaciones destaca la sofisticación de la entrega de contrabando y la urgente necesidad de implementar medidas efectivas contra drones.
Los internos de HMP Garth en Lancashire han comparado la frecuencia de actividades nocturnas de drones con la de los aeropuertos comerciales. Promediando 130 incidentes documentados cada mes, se prevé que el total supere los 1,550 a finales de año, un marcado aumento frente a las 478 incidencias registradas en 2022. Charlie Taylor, Inspector Jefe de Prisiones, ha clasificado esta escalada de operaciones de drones como una de las principales preocupaciones de seguridad, debido al riesgo significativo de que se introduzcan armas de fuego en las instituciones penitenciarias.
La creciente amenaza en las prisiones
Las organizaciones criminales han identificado la rentabilidad de estas operaciones, reclutando activamente pilotos de drones civiles capacitados para llevar a cabo sus actividades delictivas. Los drones utilizados, generalmente de un tamaño de tres pies de ancho y con un coste que oscila en varios miles de dólares, suelen estar dotados de tecnología de imagen térmica. Esto permite a los operativos transportar contrabando de manera sigilosa, aprovechando las vulnerabilidades de una infraestructura carcelaria envejecida.
A pesar de la legislación introducida en enero de 2024 que establece una zona de exclusión de drones de 1,312 pies alrededor de las prisiones, las entregas de drones siguen en aumento. Aunque algunas instituciones han comenzado a implementar sistemas de detección de drones, son raras las que cuentan con medidas activas para interceptar estos UAVs. Andy Slaughter, presidente del Comité de Justicia de los Comunes por el Partido Laborista, ha manifestado que las cifras actuales deberían generar preocupaciones significativas sobre la seguridad en las prisiones.
El comité ha abierto una investigación sobre la crisis del tráfico de drogas en las prisiones, prestando especial atención a la problemática de las entregas mediante drones. Slaughter aboga por una mayor financiación para desarrollar contramedidas efectivas, considerando la incorporación de tecnología de bloqueo de señales similar a la utilizada en aeropuertos y bases militares. El aumento reciente de incidentes con drones representa un reto urgente para las autoridades penitenciarias, que deben gestionar la seguridad mientras lidian con los avances en la tecnología de estos dispositivos.
A medida que las empresas criminales continúan explotando las debilidades existentes, se evidencia la necesidad apremiante de estrategias efectivas para contrarrestar drones. Este fenómeno no solo recalca los desafíos de seguridad en las prisiones, sino que también subraya las repercusiones para la industria más amplia de drones en cuestiones de seguridad de datos y desarrollos tecnológicos.
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