DJI, el principal fabricante de drones a nivel mundial, ha decidido emprender acciones legales para impugnar su clasificación como “Compañía Militar China” por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. La demanda, presentada el viernes, busca que la firma sea retirada de una lista de entidades supuestamente ligadas al ejército chino, alegando que esta designación ha causado un daño significativo a su negocio y reputación. Desde su inclusión en la lista en 2022, DJI ha experimentado pérdidas sustanciales, siendo percibido como una amenaza a la seguridad nacional, y ha enfrentado prohibiciones en múltiples contratos federales. Además, los empleados han sufrido un aumento en la hostilidad pública y el estigma debido a esta etiqueta.
DJI sostiene que el DoD no proporcionó una justificación detallada para su clasificación hasta que la empresa amenazó con acciones legales en septiembre. La justificación posterior ofrecida por el Departamento de Defensa se describe como errónea y carente de respaldo suficiente. Hasta el momento, el DoD no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda, lo que añade incertidumbre a la situación.
La controversia en torno a DJI
La caracterización de DJI como una entidad vinculada al ejército no es un caso aislado; diversas agencias gubernamentales de EE. UU. han examinado previamente a la compañía por preocupaciones sobre posibles vínculos con el gobierno chino. El Ejército de EE. UU., por ejemplo, ordenó a sus unidades que dejaran de utilizar drones de DJI en 2017, siguiéndole el Departamento del Interior que retiró su flota de drones de DJI en 2019 debido a supuestos riesgos de seguridad. Estas acciones reflejan el clima de desconfianza que ha rodeado a la empresa.
Adicionalmente, el Departamento de Comercio de EE. UU. incluyó a DJI en su Lista de Entidades en 2020, lo que llevó a las empresas estadounidenses a suspender exportaciones de tecnología, argumentando la implicación de la compañía en violaciones de derechos humanos en China. En 2021, el Tesoro de EE. UU. incluyó a DJI en un compendio de entidades dentro del Complejo Industrial Militar Chino, afirmando que la empresa había facilitado operaciones de vigilancia contra los uigures. A pesar de estas restricciones, DJI sigue insistiendo en que no está bajo control del gobierno chino y niega cualquier complicidad en abusos en la provincia de Xinjiang.
Aunque partes del gobierno estadounidense han avanzado en restringir la adquisición de drones de DJI, la empresa mantiene que sus productos no representan amenazas de seguridad. Además, auditorías independientes realizadas por diversas firmas consultoras y entidades gubernamentales, incluido el DoD, no han hallado amenazas asociadas a sus productos. En estos momentos, el Congreso está considerando una prohibición total sobre la importación de nuevos drones de DJI; algunas propuestas han avanzado, aunque aún sin un consenso final.
Por ahora, los productos existentes de DJI siguen disponibles para consumidores y pilotos en Estados Unidos, a pesar de que eventualmente se puedan limitar las importaciones. La situación es incierta y podría cambiar, afectando a un mercado tan dinámico como el de los drones. La atención se centra en cómo se desarrollará la demanda y las posibles repercusiones para el futuro de DJI en el mercado norteamericano.
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