En respuesta a las investigaciones del Congreso de EE. UU. sobre su vinculación con Anzu Robotics, DJI, el destacado fabricante de drones de consumo con sede en Texas, ha emitido una declaración detallada. Recientemente, los legisladores enviaron una correspondencia a Anzu, expresando su preocupación por los supuestos lazos de la empresa con DJI y cuestionando las conexiones del fabricante de drones con el gobierno chino, así como temas de seguridad nacional.
DJI ha negado de forma categórica estas acusaciones, asegurando que los argumentos presentados por los legisladores carecen de fundamento. La compañía ha aclarado que no tiene afiliación alguna con Anzu Robotics, y que su relación se basa estrictamente en un acuerdo de licencia de tecnología estándar. Anzu Robotics ha obtenido especificaciones para los productos Mavic 3 Enterprise de DJI y la propiedad intelectual asociada, algo que DJI destaca como una práctica habitual en diversos sectores.
Además, DJI ha recordado su trayectoria innovadora al permitir que desarrolladores externos utilicen su tecnología. Un ejemplo notable es su colaboración con Skycatch en 2018, destinada a crear drones personalizados. Las similitudes entre el software de Anzu y las aplicaciones de vuelo de DJI se deben al uso que hace Anzu del Kit de Desarrollo de Software (SDK) de DJI, con la confirmación de DJI de que Anzu gestiona de manera independiente sus actualizaciones de software y políticas de gestión de datos.
Por otro lado, en cuanto a los temores sobre su relación con el gobierno chino, DJI ha afirmado que la mayoría de su propiedad recae en sus miembros fundadores y que ninguna entidad gubernamental tiene asiento en su junta o influye en sus operaciones. Según DJI, menos del 6% de sus acciones y menos del 1% de los derechos de voto son propiedad de entidades estatales, las cuales actúan como inversores institucionales, similares a los fondos de pensiones respaldados por el Estado en EE. UU.
DJI ha refutado de forma categórica las afirmaciones que lo vinculan a actividades militares, puntualizando que no produce equipo de grado militar. La empresa mantiene una política de larga data en contra del uso de sus drones en situaciones de combate. Además, DJI rechaza con firmeza las acusaciones vinculadas a abusos de derechos humanos relacionados con sus productos, subrayando que no tiene control sobre el uso que se les dé tras la venta.
La compañía también ha criticado las acciones de las autoridades estadounidenses, como su inclusión en la Lista de Entidades, lo que dificulta que las empresas de EE. UU. puedan exportarles. DJI sostiene que estas decisiones son desafortunadas, se basan en información inexacta y podrían poner en peligro numerosos empleos en la industria de drones de EE. UU. Por último, DJI ha reafirmado su compromiso con la seguridad, la fiabilidad y la innovación, instando a un diálogo constructivo que favorezca un mercado competitivo de drones en EE. UU.