En un reciente informe de Sky News, el Ministro de Inmigración de Australia, Andrew Giles, ha sido objeto de críticas por afirmar incorrectamente que se usaban drones para monitorear a los detenidos de inmigración liberados. Este error ha desatado controversia política y ha suscitado preguntas sobre las prácticas de vigilancia del gobierno.
Durante una entrevista en mayo con Sky News, Giles afirmó que un paquete de financiamiento de 250 millones de dólares australianos (156 millones €) había facilitado el uso de drones para rastrear a individuos liberados de la detención de inmigración, declarando confiadamente: “Sabemos dónde están”. Sin embargo, se ha revelado que esta declaración se basó en una mala interpretación de la información proporcionada poco antes de la entrevista.
Documentos obtenidos a través de una solicitud de Libertad de Información (FOI) indican que, aunque los drones estaban efectivamente en uso, su aplicación difería de la afirmación inicial de Giles. Un correo electrónico enviado a Giles apenas una hora antes de su entrevista aclaraba que los drones se utilizaban para evaluar riesgos de propiedad y su proximidad a otros inmuebles o entornos de riesgo comunitario, incluidos locales con licencia, en lugar de rastrear directamente a individuos.
El Ministro de Inmigración en la sombra, Dan Tehan, ha aprovechado este error, acusando a Giles de engañar intencionalmente al Parlamento. Tehan comentó: “Andrew Giles no ha leído su informe adecuadamente, ha hecho una afirmación falsa y luego ha arrojado a su departamento debajo del autobús”. La oposición está instando al Primer Ministro Anthony Albanese a abordar el asunto, y Tehan afirma que es “una verdadera prueba para el primer ministro” y sugiere que los australianos “sabían” que Giles “no debería estar en ese puesto” como ministro de inmigración.
El Ministro del NDIS, Bill Shorten, ha defendido a Giles, argumentando que la mala interpretación del correo electrónico informativo no fue un delito grave y que Giles debería mantener su cargo. Giles ha reconocido el error desde entonces en el Parlamento, admitiendo que había “dependido” de documentos de su departamento que han sido “aclarados” posteriormente.
Esta controversia se desarrolla en medio de discusiones en curso sobre las políticas de inmigración de Australia, incluidas la reciente sustitución de la controvertida Dirección 99 por la Dirección 110 por parte de Giles. La nueva directiva tiene como objetivo “reforzar la consideración de la seguridad comunitaria en el sistema migratorio de Australia”.
Aunque la distinción entre usar drones para la vigilancia de propiedades y el rastreo de individuos puede parecer menor, subraya la necesidad de una comunicación precisa sobre temas sensibles como la inmigración y la vigilancia. El incidente destaca los posibles usos de la tecnología de drones en la aplicación de la ley y el control fronterizo, al tiempo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y el monitoreo gubernamental.
A medida que la tecnología de drones evoluciona, es imperativo que los legisladores tengan una comprensión clara y una comunicación precisa de sus aplicaciones. Este caso sirve como recordatorio de que, aunque los drones son herramientas poderosas, su uso debe ser llevado a cabo de manera responsable y transparente en las operaciones gubernamentales.
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