Un nuevo proyecto de ley bipartidista ha sido presentado en el Senado de los Estados Unidos con el objetivo de restringir el acceso de terroristas extranjeros a drones comerciales. La Ley de Combate contra Drones Terroristas Extranjeros de 2024, impulsada por los senadores Mitt Romney (R-UT) y Jacky Rosen (D-NV), busca prevenir que grupos como Al Qaeda, el Estado Islámico y milicias respaldadas por Irán adquieran drones con fines nefastos. El impulso para esta legislación surge de un reciente ataque con drones en Jordania, atribuido a milicias respaldadas por Irán, que resultó en bajas entre soldados estadounidenses.
El Senador Romney subrayó la necesidad crítica de frustrar los esfuerzos de las organizaciones terroristas extranjeras para adquirir drones, citando una serie de ataques a tropas estadounidenses por parte de grupos respaldados por Irán tras los asaltos a Israel por parte de Hamas. Hizo hincapié en la importancia de detener la adquisición de drones por parte de estos grupos para salvaguardar vidas estadounidenses, reducir actividades radicales y proteger los intereses de seguridad nacional.
En línea con los sentimientos del Senador Romney, la Senadora Rosen enfatizó la creciente tendencia de grupos terroristas extranjeros que utilizan drones para atacar a miembros del servicio estadounidenses y aliados. Destacó la naturaleza bipartidista del proyecto de ley y su importancia en mejorar la seguridad nacional, preservar la seguridad de los miembros del servicio y prevenir posibles amenazas terroristas.
La Ley de Combate contra Drones Terroristas Extranjeros de 2024 ordena que el Secretario de Defensa proporcione al Congreso una evaluación de inteligencia relacionada con la adquisición de drones por parte de organizaciones terroristas extranjeras. Esta evaluación incluye la identificación de los métodos empleados por estos grupos para adquirir drones, la identificación de facilitadores clave, la evaluación de la coordinación con aliados de EE. UU. para impedir tales adquisiciones, y la presentación de recomendaciones de medidas legislativas o administrativas para contrarrestar estos esfuerzos.