En una decisión altamente debatida, el Tribunal Supremo de Michigan ha determinado que la evidencia recopilada a través de vigilancia con drones sin orden judicial puede ser utilizada en casos civiles específicos, como disputas de zonificación. El caso que llevó a esta decisión involucró a Todd y Heather Maxon, quienes fueron acusados por el municipio de Long Lake Township de violar una ordenanza de zonificación respecto al número de coches inmovilizados en su propiedad.
El municipio contrató a una empresa privada de drones para llevar a cabo vigilancia aérea de la propiedad de los Maxon sin obtener una orden judicial. Los Maxon argumentaron que esta acción violaba sus derechos de la Cuarta Enmienda contra búsquedas irrazonables y buscaron que la evidencia fuera excluida. A pesar de los argumentos de organizaciones como el Instituto CATO y el Instituto Rutherford en un escrito de amicus que la vigilancia con drones era inconstitucional, el Tribunal Supremo de Michigan determinó que la regla de exclusión, que normalmente prohíbe la evidencia obtenida ilegalmente, no se aplica en este caso civil.
Los defensores de la privacidad han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de esta decisión, temiendo que pueda llevar a un aumento en búsquedas sin orden judicial por parte de reguladores y fuerzas del orden en Michigan. El enfoque del tribunal en sopesar los beneficios y costos de excluir evidencia en casos civiles, en lugar de abordar la constitucionalidad de la búsqueda con drones en sí misma, ha levantado alarmas entre los críticos. Ellos argumentan que esta decisión senta un precedente peligroso y podría allanar el camino para prácticas de vigilancia más invasivas que infringen en las expectativas de privacidad de los residentes de Michigan.
El Tribunal de Apelaciones de Michigan había señalado previamente una ley estatal que prohíbe a los drones capturar imágenes o grabaciones que invadan la expectativa razonable de privacidad de un individuo, lo cual no fue considerado por el Tribunal Supremo en su decisión. La línea difusa entre investigaciones civiles y criminales subraya la importancia de defender los derechos de la Cuarta Enmienda independientemente de la naturaleza del caso. Las ramificaciones de la decisión del Tribunal Supremo de Michigan sobre los derechos de privacidad en el estado permanecen inciertas, dejando muchas preguntas sin respuesta y provocando un debate sobre el equilibrio entre las libertades civiles y las prácticas investigativas.
